Jueves, 13 Agosto 2020

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Malestar de la FMRM por el Decreto Ley de Reforma Ambiental del Gobierno Regional

**INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA WEB DE ONDA CERO**

Los Servicios Jurídicos de la Federación Regional de Municipios adelantan que el Decreto Ley de reforma ambiental puede vulnerar la Ley de Bases de Régimen Local.

La FMRM ha solicitado a la consejería de Medio Ambiente una reunión para tratar las normas de competencia municipal aprobadas por la Comunidad Autónoma.

La Federación a través de una carta expresa su malestar ya que este Decreto de reforma ambiental no ha sido consultado con las Entidades Locales, aunque el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín, aseguró en Onda Cero que llevaban ocho meses trabajando en el decreto y que lo habían consultado con todas las partes interesadas.

los servicios jurídicos de la FMRM han advertido de que el Decreto Ley “puede vulnerar los artículos 25 y 26 en la Ley de Base de Régimen Local”.

El Secretario General de la FMRM, Manuel Pato, ha dicho que el gobierno regional " ha olvidado medir el impacto y proveer la dotación de recursos que garanticen la suficiencia financiera de los ayuntamientos, y tenemos el deber de recordárselo al gobierno regional, para evitar el correspondiente desequilibrio económico de las entidades locales". Entiende Pato que la Comunidad Autónoma tiene capacidad para traspasar competencias, pero también tiene capacidad para respetar y cumplir legalidad vigente.

"Ahora solo toca esperar la reacción de la Consejería de Medio Ambiente de la CARM, para llegar a ese consenso y equilibrio necesario con el objetivo principal de superar cualquier situación conjunta en beneficio de todos los murcianos".

Manuel Pato ha recordado que desde 1988 existe un acuerdo entre la Federación de Municipios y el gobierno regional por el que reconoce a la FMRM como interlocutor del Ejecutivo.

Pato ironiza sobre el traspaso de competencias autonómicas a los ayuntamientos "puede que la CARM haya encontrado la manera de resolver su déficit y es delegando competencias sin ningún coste para la Administración regional".

Para acudir al Tribunal Constitucional sólo sería necesario el apoyo de una séptima parte de los 45 ayuntamientos de la región, es decir, siete. Manuel Pato advierte de que hay ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no tienen medios para realizar evaluaciones de impacto ambiental y subraya que el decreto ley ha reducido a la mitad el plazo que tenía la CARM para realizar informes sobre los proyectos empresariales "por lo que tampoco tendrían tiempo".

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